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(03 DE AGOSTO, 2021).- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que es necesario impulsar una iniciativa de reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que defina este crimen y lo diferencie de la explotación.
Lo anterior, con el objetivo que el congreso adopte medidas firmes para enfrentar la impunidad y superar la ineficacia que actualmente prevalece para prevenir, sancionar y erradicar este fenómeno.
Al inaugurar el foro organizado por el Senado de la República ‘Hacia los 10 años de la Ley Contra la Trata de Personas’, manifestó que este delito, además de ser un fenómeno delictivo constituye una forma de violencia extrema y violación grave a los derechos humanos de las víctimas.
“Hay que atender los temas de cooptación, transporte, traslado, de acogida o recepción que se ejercen fundamentalmente a partir de la amenaza, uso de la fuerza, rapto, desaparición forzada, fraude, engaño y abuso de poder, todo ello con fines de explotación en sus muy diversas formas”, puntualizó.
Acompañado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración detalló que el perfil de los tratantes en la mayor parte son hombres jóvenes entre 24 y 46 años de edad.
Asimismo, tienen facilidad de palabra, son extrovertidos y controladores; no siempre cumplen el estereotipo de varón atractivo, buscan a sus víctimas en redes sociales, parques y mercados, les prometen amor, una familia y explotan a más de una persona.
Durante el encuentro donde estuvieron las senadoras María Celeste Sánchez Sugía y Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, el subsecretario explicó que los métodos de enganche, 43 por ciento obedece a ofertas de trabajo, 28 por ciento a enamoramiento, 12 por ciento con promesas de ayuda, 7 por ciento vinculados a privación de la libertad, 5 por ciento por recepción de pagos para obtener el consentimiento, 3 por ciento al uso de sustancias y 2 por ciento por promesa de superación personal.
Alejandro Encinas Rodríguez precisó que la eficacia de los sistemas de justicia es todavía, ineficiente porque solamente existen 790 sentencias firmes para encarar este problema, por ello, “es necesario que el congreso adopte medidas firmes”.
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