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(29 DE JULIO, 2021).- Esta mañana, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció la ineficiencia en la impartición de justicia, no solo por burocracia, “sino por muchos intereses cruzados”.
En este contexto, ofreció un informe sobre tres procesos que se han revisado por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Respecto al caso de Israel Vallarta, quien se encuentra privado de su libertad desde 2005 por la probable comisión de diversos delitos, seguidos en dos causas penales ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, que tanto él como su defensa no han aceptado la estrategia planteada, consistente en promover un incidente de libertad por desvanecimiento de datos.
Enfatizó que el caso ha sido revisado en la Secretaría de Gobernación desde septiembre de 2019, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, en coordinación con Israel Vallarta, sus familiares y abogados. Se le han propuesto alternativas que pudiera hacer valer en el proceso judicial para agilizar la emisión de una sentencia.
La estrategia le beneficiaría para una de las causas penales acumuladas, de tal suerte que, si se le aplicara el precedente Cassez, es previsible que sea absuelto en dicho asunto. No así en la otra causa, que quedaría pendiente.
En lo que concierne al caso “N” Quevedo –que denunció haber sido víctima de tortura en dos ocasiones–, detenida en septiembre de 2009 por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, la secretaria de Gobernación recordó que el 2 de octubre de 2020, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas notificó al Estado mexicano, la Opinión núm. 45/2020.
Indicó que, en estos casos, cuando la tortura y las violaciones a derechos humanos estén demostradas plenamente, como la prolongación innecesaria del proceso, los jueces tienen elementos para considerar como violaciones graves al debido proceso y darle el valor probatorio y la incidencia que tienen en éste. En ese sentido, la Secretaría de Gobernación continuará con el seguimiento del caso.
En cuanto al caso de “N” San Agustín, detenida en la alcaldía de Milpa Alta y originaria de Hidalgo, desde 2013 tiene una sentencia de 65 años, vinculada con el delito de secuestro.
En 2018, la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ordenó la reposición de su proceso y autorizó la aplicación del Protocolo de Estambul que resultó positivo, por lo que aseguró el subsecretario Alejandro Encinas se está en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina para resolver el problema burocrático que la mantiene en reclusión.
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