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(26/04/2021).- El pasado 22 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su rechazo por el alistamiento de una treintena de niñas y niños nahuas, de entre 6 y 11 años de edad, al grupo armado de policía comunitaria llamado “Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Pueblos Fundadores (CRAC-PF)”, en el estado de Guerrero, México, supuestamente para defenderse de la acción de grupos criminales.
“La Comisión urge al Estado a fortalecer la adopción de las medidas necesarias para asegurar la protección de sus vidas e integridad personal, bajo un enfoque de interculturalidad y garantizando el interés superior de la niñez”, solicitó.
En tanto, este domingo, la Secretaría de Gobernación informó que en seguimiento de recomendaciones formuladas sobre la situación de derechos humanos en México, la CIDH identificó los retos más significativos en los ámbitos de seguridad ciudadana y militarización, acceso a la justicia, desaparición forzada, tortura e impunidad, así como en la protección de la libertad de expresión.
“A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración se fortalece el trabajo en estas áreas, particularmente mediante la coordinación interinstitucional para cumplir las obligaciones que a nivel internacional han sido asumidas”.
Enfatizó que dicho informe establece que México es el segundo país con una mejora en relación con procesos de negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa al lograr la ejecución de 26 cláusulas, de las cuales 20 tuvieron un cumplimiento total, mientras que tres obtuvieron un cumplimiento parcial sustancial, y el resto un cumplimiento parcial.
Lo anterior, a raíz de compromisos y obligaciones asumidas por el Estado mexicano como parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de tratados internacionales.https://t.co/yoHzV79AQ0
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) April 25, 2021
Informó que el país cerró 2020 con el cumplimiento total de doce expedientes en seguimiento de acuerdos de solución amistosa que se encontraban pendientes, así como la incorporación bajo buenas prácticas derivado del caso “Masacre de Acteal”, suscrito en septiembre de 2020. En el trámite de medidas cautelares, la CIDH resolvió su otorgamiento en cuatro casos y el levantamiento en seis procesos cautelares.
Asimismo, que “el trabajo de negociación e instrumentación realizado por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos fue producto de diálogo constante con personas víctimas y de una coordinación interinstitucional con autoridades del Estado mexicano, mediante el cual se priorizó el despliegue de acciones conjuntas para identificar estándares y fórmulas para la reparación integral por la vía amistosa ante violaciones a derechos humanos”.
Bajo este contexto se refrenda el compromiso ante Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), el cual constituye una herramienta que contribuye y complementa el andamiaje institucional en esta materia.
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