Portada: Conferencia mañanera
(22/04/2021).- Esta mañana, durante la conferencia de prensa mañanera, el gobierno federal informó sobre el acuerdo que se alcanzó con las empresas que recibieron los contratos de ocho reclusorios durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna se desempañaba como secretario de Seguridad Pública.
“Ocho contratos onerosos que significaban pagar 16 mil millones de pesos al año a las empresas que recibieron las concesiones para administrar estos ocho reclusorios”, recordó el presidente.
En tanto, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que en algunas de las cláusulas de los contratos se establecen que la operación y la seguridad están a cargo del Gobierno de México y las empresas o desarrolladoras sólo están obligadas a brindar condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares.
Recordó que en algunas de esas cláusulas también se estableció que la vigencia de por lo menos 20 años para la prestación del servicio de estos proveedores, de estos particulares para cada uno de los centros penitenciarios y el monto proyectado con actualización e impuestos es de 276 mil 619 millones de pesos, de lo cual se ha erogado en nueve años 85 mil 398 millones de pesos.
Este convenio señala que los pagos realizados durante la vigencia de cada uno de los contratos se llevarán a cabo de manera mensual en su totalidad, con independencia del número de personas privadas de la libertad que lo ocupen, es decir, si un, sí un penal tiene 100 personas se paga lo mismo que si tuviera dos mil personas.
“El trato representaba un gasto para el pueblo de México equivalente -nosotros decimos, esa es una percepción de la secretaría- este gasto representa un equivalente al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas o más por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno”, explicó.
En 2020 el gasto es tan grande que, de los 22 mil 776 millones del presupuesto ejercidos por Prevención y Readaptación Social, por esta comisión, 67.7 por ciento se fue en el pago de estos ocho contratos, casi el total, lo que significa esta privatización de estos servicios, dijo.
Además, como se hizo de conocimiento en su momento, los contratos establecen que los inmuebles y sus instalaciones una vez concluida su vigencia siguen siendo propiedad del proveedor y no del Gobierno de México.
Tras dar más ejemplos, la funcionaria destacó que con base en estos datos, se trabajó intensamente en distintos momentos con las empresas, “con el apoyo y la participación del licenciado José Ángel Ávila, el consejero jurídico Julio Scherer, priorizando el diálogo y el acuerdo con los empresarios titulares de los contratos, con la finalidad de generar mejores condiciones de pago para el Estado mexicano”.
Al término de la administración se generará un ahorro de 10 mil 106 millones de pesos en estos cuatro años y, de acuerdo con cálculos que pueden aún variar y tener actualizaciones respecto de la inflación, al finalizar la contratación el Gobierno de México tendrá una reducción de alrededor de 41 mil 496 millones de pesos.
En #ConferenciaMañanera informamos sobre los acuerdos alcanzados en los contratos de ocho centros penitenciarios, lo que permitirá un ahorro total de más de 41 mil millones de pesos a la hacienda pública. pic.twitter.com/7Av0ExSrDK
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) April 22, 2021
Las instalaciones de los centros penitenciarios que están sujetos a los contratos de prestación de servicio ahora sí se han incorporados al patrimonio de la nación.
Se acordó mejorar también con estos recursos las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y que las autoridades penitenciarias, que finalmente son o somos los responsables, logren la cobertura y un mejor respeto a los derechos humanos.
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