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(22/02/2021).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que en una auditoría de desempeño, observó irregularidades y deficiencias dentro del ejercicio de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Destacó que “durante la realización de la auditoría, se mostró resistencias y, en algunos casos, negación para el desarrollo de las operaciones de fiscalización planteadas por la ASF”.
Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2019 que se entregó el sábado ante la Cámara de Diputados, el órgano fiscalizador detectó que SFP incurrió “en discrecionalidad en las indagatorias que realiza y se se resistió al proceso de fiscalización”.
La dependencia habría argumentado la suspensión de labores debido al COVID-19, explicó. En este contexto, “aplicó apenas 92 investigaciones de evolución patrimonial, cuando se presentaron más de 575 mil mil declaraciones patrimoniales; ocultó información de un líder sindical”.
Así, acusó que la SFP “resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”.
En su informe, la ASF destacó que en 14 dependencias federales no fue posible aclarar o recuperar el gasto de 8 mil 187 millones de pesos durante 2019, siendo las secretarías de Bienestar, Cultura y Salud las que mayores cantidades tienen por resarcir, de acuerdo con los informes de la Auditoría Superior de la Federación.
La respuesta de la SFP
Horas después la Secretaría de la Función Pública precisó que se han atendido en tiempo y forma todos los requerimientos de información y se ha proporcionado toda la evidencia para atender las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2019.
“No existe ningún oficio de respuesta que consigne negativa alguna de entrega de información. Tampoco existe prueba de algún rechazo de atención al equipo auditor. Por el contrario, siempre hubo total disposición de colaborar en apego a las mejores prácticas de auditoría”, explicó.
En este contexto, aclaró que es falso que se hubiera retenido información para los auditores. En los casos de excepción, en los que fue material o jurídicamente imposible entregar la documentación solicitada en el tiempo y la forma requerida por el ente fiscalizador, se expusieron de manera fundada y motivada las razones que justificaban dicha imposibilidad.
La SFP tampoco negó acceso a sus expedientes. Por ejemplo, explicó, se pusieron a disposición de la ASF los más de 30 mil expedientes de investigación que requirió para que fueran revisados en las instalaciones donde se encontraban, a fin de que verificara que se cumple con el debido proceso; sin embargo, la entidad fiscalizadora no acudió a la revisión.
Por último, aseguró que “es incorrecto que se negara la comparecencia de servidores públicos. Sobre la solicitud de realizarles entrevistas, se expuso por escrito el extrañamiento por el requerimiento, ya que legalmente éstas no forman parte de la auditoría; sin embargo, no hubo respuesta por parte de la ASF”.
La Función Pública recordó que “las condiciones de fiscalización fueron extraordinarias en 2020, y limitaron la capacidad de los auditores, así como de los sujetos auditados, para acceder a la información requerida”.
Del mismo modo, explicó, “la revisión del ejercicio 2019 se dio en un contexto de transformación institucional en la APF, que ha implicado la construcción de un nuevo andamiaje normativo y organizacional que inició en los primeros minutos del actual gobierno y por su magnitud aún continúa”.
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