Fondo para seguridad en 2021 aumenta a más de 7,687 mdp; SSPC pide a gobernadores uso eficiente

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Portada:  Pixabay

(28/01/2021).- La tarde de este jueves, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, solicitó a representantes de las 32 entidades el uso eficiente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP) 2021.

La funcionaria destacó la necesidad de priorizar la atención a los 15 municipios más afectados por la delincuencia.

Así lo dijo durante la reunión anual con personal directivo de distintas áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del gobierno federal y secretarios ejecutivos de los Consejos Estatales de Seguridad.

Exhortó a que dicho fondo se ajuste a los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a los programas de prioridad nacional.

Pidió poner especial énfasis en el equipamiento de las instituciones de seguridad pública, con el propósito de que cuenten con instrumentos de trabajo dignos para el desempeño de su labor, como patrullas, motocicletas, uniformes y unidades de medidas cautelares.

Aseveró que se requieren equipos lectores de biométricos y otros instrumentos para la identificación de infractores en cada uno de los juzgados cívicos y centros de detención municipales.

El FASP es el presupuesto previsto en la Ley de Coordinación Fiscal que permite la trasferencia de recursos federales a las entidades federativas para cumplir las estrategias nacionales en materia de construcción de paz y seguridad.

Para 2021 obtuvo un aumento de 3.38 por ciento respecto al año anterior, con lo cual se tienen recursos por 7 mil 687 millones 920 mil 712 pesos.

Una de las prioridades de la secretaría a su cargo es el desarrollo del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, pero para lograr su plena instrumentación “necesitamos impulsar la coordinación entre todos los órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y, por supuesto, que pueden contar siempre con nuestra colaboración”, dijo.

Destacó la necesidad de que policías estatales y municipales realicen el registro de denuncias y se coordinen con las fiscalías en la investigación de los delitos para conseguir la reducción de la cifra negra e impunidad.

 

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