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Este jueves, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, -que presentó siendo senadora de la República – es un acto de justicia social que tiene un enfoque de salud pública, libertad, despenalización y, como consecuencia, la pacificación del país.
Así lo dijo durante su participación virtual en la Primera Conferencia Internacional sobre Política de Drogas, Colombia 2020, en el panel ‘Regulación del Cannabis en México’.
Asimismo, destacó que la despenalización de la siembra y el cultivo de la marihuana con fines terapéuticos, industriales o lúdicos, así como regular la cadena de producción, distribución y consumo, busca “que miles de campesinos víctimas de la delincuencia organizada puedan obtener permisos de siembra y tengan asegurada la compra del producto por gente autorizada para ellos”.
En evento organizado por la Comisión Accidental para el Análisis y Seguimiento a la Política de Drogas, del Congreso de la República de Colombia, la secretaria de Gobernación manifestó que su visión al presentar esta ley como impartidora de justicia por más de 25 años es garantizar de manera eficaz y eficiente los derechos fundamentales de toda la población.
Recordó que a lo largo de los años se ha comprobado que el combate frontal “llamado guerra al narcotráfico ha ocasionado dolor, muertes y numerosas violaciones a los derechos humanos; una realidad ampliamente conocida por nuestros dos países”.
Por ello, en el año 2018, señaló la urgencia de contar con una reforma en la política de drogas integral, transversal, con un enfoque de salud pública equilibrado; ya que la política prohibicionista da pie a un incremento de la violencia, delincuencia y provoca la criminalización de grupos vulnerables de la población por actividades relacionadas a la producción de cannabis y otras sustancias.
“La regulación quitará del horizonte de vida de miles de campesinos, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios rurales una espada de Damocles, una amenaza que hoy pende sobre sus cabezas y alienta la acción el crimen organizado o no organizado para presionar, extorsionar o someter a la violencia a los productores del campo que tradicionalmente han sido victimizados y revictimizados por el hecho de sembrar y producir el cannabis”.
Por último, explicó que no está a favor de la liberación absoluta de las drogas, sino de las libertades y los derechos mediante el ordenamiento jurídico y la regulación.
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