Portada: El Fisgón
Parte de la cúpula empresarial del país no está de acuerdo con la regularización de la subcontratación ilegal en México, propuesta por el gobierno federal este jueves en Palacio Nacional.
Mediante un comunicado lanzado en sus redes sociales el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se dijo “sorprendido” por dicha iniciativa y manifestó su “preocupación” pues, consideró, “viola el compromiso expreso de las autoridades de llevar a cabo una consulta con las organizaciones del sector privado que son afectadas por estas disposiciones para la elaboración del proyecto”.
“Tal como está planteada, la propuesta desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, lo que agravaría la frágil situación económica de nuestro país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de covid-19”, escribió.
Dijo estar de acuerdo en que la subcontratación irregular, que no cumple con la ley vigente y priva a los trabajadores de sus derechos, debe erradicarse. Sin embargo, alertó que una regulación altamente restrictiva “conllevaría inevitablemente efectos nocivos en la economía”.
Aseveró que con esta medida, no sólo se perderían empleos, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, “ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal”.
#Comunicado | Iniciativa de subcontratación incumple compromisos y pone en riesgo empleos. pic.twitter.com/NpdjfGZ60R
— CCE (@cceoficialmx) November 12, 2020
“Con la legislación actual, los empleados cuentan con esquemas de prestaciones laborales que resguardan su salud, su patrimonio, fomentan su desarrollo profesional y les dan seguridad en el empleo. Por otro lado, para las empresas extranjeras que deciden establecer operaciones en México, o bien para los nuevos empresarios, los servicios de subcontratación constituyen un medio para dar cumplimiento a todas las disposiciones laborales y fiscales en materia de contratación de personal, disminuyendo el riesgo de incumplimientos y sanciones”, explicó.
Por ello, llamó a los diputados federales a establecer un nuevo proceso de parlamento abierto, en el que el sector privado “pueda expresar sus puntos de vista y preocupaciones sobre esta iniciativa” y efectuar “las adecuaciones pertinentes para evitar daños mayores al empleo de millones de familias mexicanas”.
“En momentos en que las empresas de todos los giros y tamaños están haciendo grandes esfuerzos para mantener su plantilla laboral debido a la pandemia de COVID-19, es insostenible generar mayores obstáculos en materia laboral. Autoridades y empresarios deberíamos estar buscando opciones para fortalecer la economía, y no debilitarla”, finalizó el comunicado.
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