Tras recibir ayer la solicitud presidencial para realizar una consulta a fin de enjuiciar a los expresidentes, el Senado turnó a la Suprema Corte dicha petición.
Mediante un comunicado, el Senado informó que el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la petición del titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, para realizar una consulta popular sobre la viabilidad de abrir procesos legales en contra de los expresidentes de México en los pasados cinco sexenios.
“Con fundamento en la fracción I, del artículo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular, envió la petición, junto con la propuesta de pregunta formulada, a la SCJN para que ésta resuelva la constitucionalidad de la materia de la consulta y tendrá un plazo de hasta 20 días naturales para responder.
Además, el senador giró instrucciones para que el documento sea publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Senadores”.
Como lo reveló el presidente durante su conferencia de prensa matutina del día martes, esta petición busca que la ciudadanía decida si debe levantarse un proceso judicial contra los exmandatarios que dirigieron al país de 1988 a 2018; es decir, desde Carlos Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto.
Ahora, el máximo tribunal de justicia tiene 20 días para resolver sobre la procedencia de dicho ejercicio popular.
La pregunta que esta petición busca plantear a los mexicanos es:
“¿Está de acuerdo o no con que a las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus respectivas gestiones?”.
El día de ayer, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, detalló que en caso de que la Corte resuelva que la solicitud es constitucional, enviará su sentencia 24 horas después al Senado de la República, como cámara de origen.
Este, a su vez, la turnará a la Cámara de Diputados para que la propuesta sea debatida y deliberada por ambos órganos del Congreso de la Unión. De ser aprobada por mayoría simple, será enviada al Instituto Federal Electoral para que organice el ejercicio de participación ciudadana.
Este proceso es una acción histórica, ya que esta es la primera vez que el titular del Ejecutivo ejerce la facultad que le consagra la Constitución para solicitar una Consulta Popular.
